El Tribunal de Juicio y Apelaciones dará a conocer a las 12 si el exministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Entre Ríos queda detenido bajo arresto preventivo en la cárcel, sigue libre o recibe domiciliaria

No es la primera vez que Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura del gobierno de Sergio Urribarri, está cerca de quedar encerrado. En más de una oportunidad, la Fiscalía ha solicitado su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Primero fue porque existía peligro de fuga por la condena recibida en el marco del megajuicio por corrupción y luego porque su abogado defensor Ignacio Díaz se había olvidado de informar que iba a continuar reclamando en instancias superiores contra la sentencia a seis años y medio de prisión.

Este mediodía, tal cual se adelantó oportunamente, el mismo tribunal que lo condenó, pero que al mismo tiempo hace pocas semanas le abrió la puerta a Báez para seguir recurriendo el fallo condenatorio, será el encargado de decir si el hombre fuerte del urribarrismo entre 2007 y 2015 sigue en libertad, va a la cárcel o queda bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Sus abogados, José Velázquez e Ignacio Díaz, pelean por la libertad del exlegislador provincial. Sin embargo, le pidieron al Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón que, en caso de que entiendan que se debe aplicar una medida de coerción, esta sea domiciliaria y monitoreada electrónicamente. Además, propusieron que la caución de 20 millones de pesos que ya se pagó quede como fianza.

La situación para el MPF, representado por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, cambió al modificarse la situación de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, quienes están detenidos en la cárcel capitalina desde este martes por disposición de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Los argumentos del MPF fueron que Báez, al igual que Aguilera y Urribarri, cuenta con elementos económicos para fugarse, dado el cargo que detentaban y el daño a la sociedad. Los fiscales citaron los convenios internacionales de lucha contra la corrupción y que tienen otras causas en trámite.

Este viernes 22 a las 12 se conocerá el dictamen del Tribunal de Juicio y Apelaciones. Sea cual sea la resolución, la misma será apelada por la parte que quede disconforme ante la Cámara de Casación de Paraná, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Evangelina Bruzzo. 

HABEAS CORPUS

Después del rechazo del habeas corpus presentado por los abogados de Sergio Urribarri para intentar revertir la prisión preventiva, el recurso llegó a la Sala Penal del STJ, que será la encargada de dictaminar en las próximas horas. Primero habrá que aguardar cómo queda conformada esa sala integrada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak. Las próximas horas serán claves para conocer quién se excusa y quién no.

Tal como informó AHORA, la decisión de Carola Bacaluzzo, jueza de garantías, fue revisada por otro juez de la instancia inmediata superior. Así lo determina la ley. Por sorteo, esta responsabilidad recayó en el juez Santiago Brugo, que se excusó por haber participado como fiscal en la investigación que terminó con la condena de Urribarri. El nuevo sorteo recayó en Gervasio Labriola, que se inhibió de entender por haber participado en alguna instancia de la causa. El tercer sorteado fue Alejandro Grippo, que rechazó la excusación de Labriola y envió el caso al Superior Tribunal para su revisión.

Lo que queda por saber es quiénes serán los vocales que traten el habeas corpus.

RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN CURSO

Los abogados defensores de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera presentaron a última hora de este jueves el recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal. 

El mismo Tribunal que envió a Urribarri a la cárcel deberá decidir si acepta o rechaza el planteo.

Los abogados del exmandatario presumen que esta definición no debería ir más allá de mediados de la semana próxima, ya que está en juego la libertad de una persona.

En caso de que la acepten, el expediente será girado a la Sala Penal del STJ. Si no lo hacen, los defensores tienen la chance de llegar al máximo tribunal provincial a través de una queja.