En el año 2008, el Gobierno lanzó un programa que popularmente se conoce como «Garrafa Social» o «Garrafas para todos». El objetivo era subsidiar a parte de la cadena comercial para que la garrafa de 10 kgs se venda en cualquier lugar del país, en cualquier comercio del país, durante todo el año, a cualquier hora a 16 pesos. El precio «objetivo» de $16 se mantiene constante desde aquel momento. Pero eso no debe llamar a engaño.

La cadena comercial de la garrafa se compone básicamente de 4 etapas: Producción, Fraccionamiento (empresas que compran el producto y lo envasan en las garrafas), Distribución (vinculan al fraccionador con el minorista) y el Comercio Minorista.

Hay algunas empresas que sólo producen, otras que producen y fraccionan y otras que fraccionan y distribuyen. Posiblemente el mercado de las garrafas sea el mercado «menos concentrado» de todas las cadenas de valor energéticas. Conviven desde grandes empresas como YPF, con empresas nacionales de gran tamaño, Pymes de menor porte y cooperativas.

Las garrafas llegan al público, salvo en el caso de depósitos específicos de alguna firma productora o distribuidora, a través de comercios minoristas «polirrubro o multirrubro» (maxiquioscos, minimercados, ferreterías, etc).

Son comercios minoristas que no «viven» de la venta de la garrafa, y que por disposición municipal sólo pueden tener unas pocas garrafas en stock por una cuestión de seguridad. Ningún comercio minorista podría sostenerse vendiendo sólo garrafas. Los municipios son lógicamente muy reacios para habilitar locales que puedan almacenar muchas garrafas cerca de un área muy poblada por una cuestión de seguridad.

El programa tiene un defecto insalvable: nadie puede (o quiere), bajo el esquema actual, monitorear lo que cobran los comercios minoristas. Con lo cual no se puede garantizar precio final a ningún valor en el final de la cadena.

De la manera que está estructurado el sistema, el precio final, justamente la parte más importante, porque es lo que paga el usuario, no tiene control. A diferencia del gas por red o de la electricidad en la cual el Estado (nacional o provincial) tiene un control directo sobre lo que se incluye en las boletas que pagan los usuarios, en el caso de las garrafas no existe esa posibilidad porque la cadena comercial se maneja como cualquier cadena de cualquier bien de consumo masivo.

La eficacia del programa y el control efectivo del Estado se «diluyen» en la medida que bajamos en la cadena comercial. Justamente cuanto más cerca estamos del usuario menos control estatal.

Esto se refleja en el hecho de que los usuarios no encuentran la garrafa a $16. Pagan en los comercios minoristas cualquier precio, menos $16 por garrafa. Sólo en los depósitos de las empresas fraccionadoras o en los distribuidores más grandes se vende a $16. Pero ponen horarios o incluso le dicen a la gente que «la garrafa social se acabó» como si hubiera dos tipos de garrafas de 10 kgs, cuando en realidad hay uno solo y, según el programa del gobierno, debiera llegar a los usuarios al mismo precio.

Ahora bien, el Estado paga el subsidio como si el usuario pudiera comprar la garrafa en cualquier lugar a $16. Como si todas las garrafas que se venden en el país se vendieran a $16.

El gobierno nacional, los organismos provinciales y municipales vinculados a temas comerciales saben que el esquema no se cumple. Sin embargo, el gobierno, en lugar de buscar una alternativa, hizo lo de siempre: en lugar de solucionar el problema, dejó de controlar y sigue pagando el subsidio a la cadena comercial como si todo funcionara normal. Típica solución oficialista: si no lo puedo solucionar, lo dejo de medir, lo dejo de controlar y hago de cuenta que está todo bien. Con los resultados a la vista.

¿Cuánta plata le cuesta este programa al Estado, es decir, a nosotros? En el año 2009, primer año completo del programa, los contribuyentes aportamos poco más de 520 millones de pesos. Para el año 2015, en el presupuesto recientemente aprobado se incluyó una partida presupuestaria por casi 2.600 millones de pesos. Cabe aclarar que todos los años se gastó un poco más que lo presupuestado. Es decir que el subsidio en estos períodos presupuestarios aumentó 5 veces.

Un Estado que no tiene fondos y debe emitir para cubrir sus gastos multiplica por 5 los montos de un programa que sabe que no funciona. Con lo cual por la «garrafa social» los contribuyentes aportamos cada vez más pero los usuarios en la calle pagan la garrafa cada vez más cara. La ineficacia y la desidia de «este» Estado la terminan pagando los usuarios y los contribuyentes. Así no hay esquema impositivo que aguante y cada vez serán más los trabajadores que deberán pagar ganancias o el impuesto inflacionario.

En el año 2009, se subsidiaron casi $9 por garrafa de 10 kgs vendida en el mercado. Para este año se prevé $25 por garrafa de 10 kgs. Para el 2015 está previsto que los contribuyentes aportemos casi $35 por garrafa de 10 kgs. Así, el costo para la economía de las garrafas es la suma de lo que pagan los usuarios en el comercio (hoy están pagando de $50 a $80 según la zona) y lo que aporta el Estado que se diluye en la cadena comercial y no le llega al destinatario del subsidio.

Es inmoral que jubilados y trabajadores paguen impuestos a las ganancias y el Estado gaste deliberadamente mal sus impuestos. Ningún argentino con sentido común se opondría a un plan para que la garrafa le llegue efectivamente a precios bajos a quienes menos tienen. Ningún argentino con sentido común se opone a la idea que los contribuyentes aportemos con nuestros bolsillos para que funcione el Estado.

Sólo un Estado sin sentido común, absolutamente alejado de la realidad y de las necesidades de la población puede mantener un programa en el cual se dilapidan $2.600 millones de pesos de los contribuyentes, sin beneficios equivalentes para los supuestos beneficiarios.