En Entre Ríos hay “una irracionalidad jurídica que lleva a criminalizar a las mujeres”
A horas del 31° Encuentro Nacional de Mujeres, en Entre Ríos denunciaron la violación de derechos sexuales y reproductivos. El documento explica que el gobierno tiene un doble discurso, ya que ninguna de las promesas realizadas desde la cartera sanitaria de la gestión se cumplió.
“Nos cansamos de esta irracionalidad jurídica que lleva a criminalizar a las mujeres al grado de perseguirlas, denunciarlas y procesarlas por haber ejercido el derecho que se niega desde los sectores que ejercen con violencia la mal llamada objeción de conciencia”, afirmaron las activistas, quienes advirtieron que “se da vía libre a la intromisión de un culto, en la agenda del Estado”.
Además, denunciaron que no hay capacitaciones al personal y no existen criterios claros de atención, conflicto que se agrava con la designación de directores y jefes de los servicios de salud a quienes se niegan a cumplir con las leyes vigentes.
En ese marco, también apuntaron que hay una falta de criterio “que permite la persecución de trabajadores que protegen la vida y la salud de las mujeres”.
Es que las mujeres están hartas de que les tomen el pelo y cansadas de dilaciones: “Aún aguardamos la decisión política sanitaria que implemente en la provincia de Entre Ríos el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo, que es la guía del ministerio de Salud de la Nación, cuya aplicación es obligatoria para todas las instituciones sanitarias del país ya sean públicas, privadas u obras sociales. El protocolo recoge los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia y considera la interrupción legal de un embarazo como un derecho de las mujeres”.
Además, aguardan la campaña de difusión del ministerio de Salud de Entre Ríos respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, dejando de lado la publicidad engañosa, con mensajes confusos, sectarios y estereotipados.
Asimismo, reclaman que “se implementen políticas públicas para que no se maltraten y se respeten la integridad emocional y psíquica de las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo en los efectores de salud”.
En ese marco, reclaman la audiencia con De La Rosa para explicarle la emergencia sanitaria en que se encuentran las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo a causa de una resolución vigente
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