Al mantener en algo más de 51 pesos el techo a partir del cual la autoridad monetaria puede empezar a vender dólares, de hecho el Gobierno logra un mayor margen de maniobra para contener las previsibles tensiones cambiarias que se darían en los próximos meses, particularmente después de junio, cuando termine la mayor parte de la liquidación de la cosecha gruesa y se intensifique la puja por las elecciones (el 22 de ese mes se presentarán los candidatos y algunos especialistas temen una mayor dolarización, ante la eventual candidatura de Cristina). El costo de “congelar” el techo es que el tipo de cambio se atrase, una jugada no exenta de riesgo si aumenta la percepción de un dólar barato.

Resumiendo, no es menor que el Banco Central pueda intervenir si el dólar llegara a 51 pesos y defender este valor, en vez de tener que hacerlo en un precio cercano a 55 pesos, como hubiera sido el caso hacia fin de junio si se hubiera mantenido la actualización de la banda de intervención (al ritmo de 1,75% mensual).

Así, el Gobierno está más cerca de poder pelear por frenar al dólar y, por lo tanto, la suba de precios. En medios oficiales se comenta que las autoridades fueron logrando concesiones del Fondo Monetario Internacional que permiten una mayor capacidad de intervención, como fue la autorización de la venta diaria de 60 millones de dólares primero, y la aceptación de congelar las bandas de intervención ahora.

A partir de esta secuencia, en el mercado se especula con la posibilidad que el FMI finalmente acepte, si se llegara a producir un mayor stress, que las autoridades intervengan discrecionalmente en el mercado de cambios. Es decir, que se permita al Banco Central vender más que los 150 millones de dólares diarios hoy acordados, una cifra que luce escasa en el caso de una corrida hacia la divisa.

No obstante, para el ministro Dujovne se mostró confiado. Dijo: “sin lugar a dudas, este programa que hemos lanzado y también haber modificado nuestras metas fiscales de manera agresiva, para converger al equilibrio fiscal primario este año, están proveyendo una mayor estabilidad cambiaria que la que tuvimos hasta septiembre del año pasado. Y estamos convencidos de que persistiendo en este camino, vamos a logar sostener la estabilidad”.

Dujovne también reconoció que el costo fiscal del paquete es “unos 9.000 millones de pesos” que se compensaría “con ahorros y con eventuales mejoras en la recaudación tributaria”. Si bien se trata de una cifra manejable según Hacienda, es de suponer que el Fondo ha dado un nuevo apoyo a la Argentina permitiéndole expandir el gasto cuando en la última revisión, conocida sólo semanas atrás, se hacía mención explícita de la necesidad de aumentar los ingresos y recortar gastos, tras un comportamiento en la recaudación tributaria que se ubicó por debajo de lo esperado.

Claramente, el gobierno de Macri sigue teniendo un gran respaldo internacional, particularmente del Fondo Monetario Internacional como viene declarando en cuanta oportunidad puede su directora, Christine Lagarde.

Alivio

Las restantes medidas, como reconoció el presidente Mauricio Macri, son un “alivio” frente a la difícil situación. La severa pérdida de poder adquisitivo de la población – más de 10% hacia fin del año pasado y la expectativa de una pérdida de 6% promedio en el 2019, según estimaciones privadas – llevó al Gobierno a dar marcha atrás en algunos de sus postulados, como la libertad de fijar precios, y acordar un congelamiento de 60 productos de la canasta básica por seis meses.

No obstante, un tema no menor es que la actual administración desarmó los sistemas de control. En infinidad de oportunidades manifestaron que no estaban de acuerdo con este tipo de mecanismos, de donde hoy se abren interrogantes acerca de cuán efectivos serán estos acuerdos de precios.

El otorgamiento de facilidades para el pago de impuestos parece inevitable en momentos en que numerosas pymes se enfrentan a la disyuntiva de cerrar o pasar a la clandestinidad.

Las mediciones arrojan que los sectores más vulnerables son los que más están sufriendo – en febrero pasado el consumo masivo del segmento más bajo fue el que más retrocedió con relación a un año atrás, verificando una caída de 11% de acuerdo a Kantar World Panel-, de donde resultan imperiosas las medidas de asistencia anunciadas por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Los primeros análisis de los economistas privados arrojan que el paquete de medidas difícilmente reactive la economía. Las empresas no están en condiciones de conceder mayores subas de salarios por la recesión. El mejor escenario, según los analistas, es que “el consumo deje de caer”.

Pero, tal vez el mayor problema que enfrente el programa, según coinciden los economistas, es la falta de credibilidad. El Gobierno vino errando en sus pronósticos y las encuestas electorales, sin llegaran a ser desfavorables para el Gobierno, acercarían una cuota adicional de incertidumbre.