En la Casa Rosada parece que solo se piensa en cómo perjudicar la vida de los trabajadores. Ahora, para evitar que se dilate la definición sobre la consticionalidad de la reforma laboral, prácticamente suspendida por una cautelar que motorizó la CGT, el gobierno libertario se lanzó sobre el recurso del per saltum para que sean los supremos los que resuelvan la presentación sindical que tiene hoy frenados 82 artículos de la dañina norma.

En rigor, la ley 27.802, que el gobierno bautizó como Modernización Laboral, implica la destrucción lisa y llana de los históricos derechos laborales, además de una sentencia de muerte para las organizaciones sindicales.

Ante ello la CGT presentó un recurso de amparo que fue aceptado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. El juez Raúl Horacio Ojeda le dio la razón a la central obrera y el 30 de marzo pasado suspendió 82 artículos de la ley. No fue el único, ya había otras cautelares que suspendían otros artículos.

Los abogados de la central sindical argumentaron que los artículos que impugnan modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El juez aceptó esos argumentos, publicó Página12.

La respuesta del gobierno fue recurrir al fuero contencioso administrativo que, según la Rosada, es el que debe entender en este tipo de disputa. La jueza Macarena Marra Giménez recibió una presentación del gobierno y resolvió a favor del Poder Ejecutivo al considerar resuelto el conflicto de competencia y quitarle las actuaciones a Ojeda.

Sin embargo, el gobierno sabía que a partir de ahí comenzaba un largo debate que incluía apelaciones, recursos y otras maniobras para que sea el fuero laboral el que termine resoliviendo la presentación de la CGT. Una disputa que implica necesariamente mucho tiempo.

En algún momento este conflicto terminaría en la Corte, sin que ello tenga un plazo previsto de resolución. Esa flexibilidad beneficia a los trabajadores porque la ley pasaría tiempo sin aplicarse y gozarían de los derechos que el gobierno pretende destruir. El tiempo para la Rosada no jugaba a favor y ahí reside la decisión de recurrir al per saltum.

Ahora se abre también otro debate y es que el gobierno entiende que hasta tanto la Corte acepte o rechace la petición de la Casa Rosada, la suspensión de la norma que aplicó el juez Ojeda queda sin efecto.

Según la presentación de la Procuración del Tesoro, la medida busca “salvaguardar y restaurar la seguridad jurídica” que considera afectada por el juez Ojeda, al que no consideran con la capacidad ni las condiciones para frenar este tipo de ley.

En su escrito, el Poder Ejecutivo describe diferentes objeciones legales y procesales a la sentencia de primera instancia. Según trascendió, la presentación cuestiona la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, sostiene que la cautelar adoptada coincide con el objeto principal del proceso (lo que estaría prohibido por la legislación), y advierte que el juez supuestamente se excedió en el pedido de la CGT al suspender artículos que formaban parte de la presentación sindical.

Los abogados del Estado entienden además que la CGT no demostró la existencia de un caso concreto ni identificó ningún acto específico que provoque el perjuicio denunciado. Para la Procuración el escrito gremial es abstracto.

Es más, se atreven a afirmar -a pesar de los antecedentes- que la CGT no tiene la legitimidad necesaria para representar a los trabajadores. Una falacia porque hay varias causas judiciales donde el Estado le reconoce a la central obrera la representación de los y las trabajadoras.

En esa línea, la Procuración le exige a la Corte que acepte este recurso extraordinario, que lo declare admisible y suspenda la cautelar. En síntesis, el gobierno de Milei busca que se liberen las fauces de las patronales para que puedan hacer lo que quieran con los trabajadores.