El fallo del juez de Garantías y la prisión preventiva  fue apelado por la defensa , por lo que se volverá a discutir ante la Cámara de Apelaciones que deberá revisar la resolución que el magistrado, Alberto Funes Palacios, dictó el pasado jueves.   Tal como se viene dado desde la primera resolución de prisión preventiva, la defensa pidió ayer al mediodía la revisión del fallo del juez de Garantías Alberto Funes Palacios, que este jueves dictó la continuidad de la medida de prisión preventiva para 16 de los 17 policías imputados desde un comienzo en la causa, e igual medida para el funcionario Alfredo Imaz, incorporado recientemente a la lista de acusados por Sedición agravada y otros delitos como privación ilegitima de la libertad, lesiones, peculado e incitación a cometer delitos, por los hechos acaecidos el 8 y 9 de diciembre pasado.

  Además, el magistrado había dictado la libertad de uno de los policías acusados (Cendra), ante la evidencia ofrecida por la defensa, que lo aleja del lugar del hecho la noche de la toma de la jefatura.
Ahora, los defensores de los 18 imputados apelaron la resolución de Funes y deberán volver a plantear sus argumentos ante el Juez la Cámara de apelaciones Martin Carbonell, indicó Diario Junio.
Apenas finalizada ayer la lectura del fallo del Juez de Garantías, la defensa solicitó la palabra para interponer y fundamentar su recurso de apelación.
Tras un breve cuarto intermedio, los defensores apelaron el fallo de Funes Palacios, en el cual el magistrado había rechazado los planteos de la defensa confirmando la prisión preventiva de 17 policías y había concedida la libertad a uno de los acusados.
El planteo más atendible, fue el del defensor oficial Alejandro Girogio, quien cuestionó la imputación por el delito de incitación a cometer Robo calamitoso, que por el momento se sustenta en la publicidad que hicieron los funcionarios de su inacción. El Juez había destacado en su fallo que “es lo mismo que avisar que Concordia era una gran zona liberada”.
Giorgio, ataca al fallo de Funes, desde la doctrina, debido a que si logra hacer caer la imputación por ese delito (incitación a cometer robo calamitoso) la pena presumible no sería de cumplimiento efectivo, por lo que no se daría el primer presupuesto para poder imponer una medida de prisión preventiva.
La cuestión, será revisada ahora por la cámara de apelaciones, que ya había tenido que revisar el primer fallo de Garantías cuando la defensa apeló la primera resolución de prisión preventiva contra los acusados, confirmándola.